El pasado 6 de agosto, la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura Porteña aprobó un dictamen de mayoría mediante el cual se creará una comisión investigadora para tratar el caso de las escuchas telefónicas que salpica la gestión del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri. De esta forma, fracasa el intento del macrismo de llevar adelante un juicio político contra el jefe de gobierno, acelerando la resolución del asunto de cara a las elecciones de 2011.
La reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales se llevó adelante luego de que la Cámara Nacional de Apelaciones rechazara el pasado 15 de julio el pedido de Macri de derogar el procesamiento dictado por el juez federal Norberto Oyarbide en el caso de las escuchas ilegales.
Este escándalo (que para muchos presenta grandes similitudes con el caso “Watergate”), comenzó en agosto de 2009 cuando Sergio Burnstein, familiar de una víctima del atentado a la AMIA, denunció que era sujeto de escuchas en su teléfono, apuntando por ello directamente a Jorge “Fino” Palacios (ex superintendente de la policía federal y acusado de encubrimiento en los casos del atentado a la AMIA y el asesinato de Axel Blumberg), quien a pesar de su prontuario fue elevado por Mauricio Macri como jefe de la recientemente creada Policía Metropolitana. Palacios renunció tiempo después por “motivos personales”.
Oyarbide investigó la denuncia realizada e imputó a Palacios, a su sucesor Osvaldo Chamorro y a Ciro James, un espía-abogado y ex miembro de la policía federal y para entonces empleado por el Ministerio de Educación Porteña. Mediante datos proporcionados directamente por el Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE), se determinó la existencia de una red de espionaje telefónico ilegal que se dirigió no solo a Sergio Burnstein, sino también a legisladores porteños, familiares del propio Mauricio Macri y empresarios. En mayo de 2010, Oyarbide imputó a Macri bajo la figura de “partícipe necesario de una asociación ilícita”. Macri intentó apelar la medida pero no lo logró.
Inmediatamente después, el bloque oficialista salió a la defensiva acusando a Néstor Kirchner y a Oyarbide como ejecutores de un plan en contra del alcalde porteño para minar no solo su gestión en la ciudad, sino también su posicionamiento como candidato a presidente en las elecciones de 2011. Esta acusación del macrismo tiene sus bases en la sospechosa cercanía entre Kirchner y Oyarbide, ya que el juez absolvió en 2009 al matrimonio presidencial en la causa por enriquecimiento ilícito y posteriormente, el Consejo de la Magistratura (entonces manejada por el kirchnerismo) anuló el pedido de juicio político en contra del juez.
Además, el rechazo al pedido de nulidad de la causa realizada por la Cámara de Apelaciones tiene entre sus fundamentos algunos hechos más hipotéticos que reales, entre ellos suponer que existía un vínculo entre Macri y Ciro James solo porque éste último realizó en un momento un llamado dentro del barrio del segundo (aún cuando se comprobó que no existieron llamadas realizadas entre ellos mismos), además de sostener que Macri es partícipe necesario de la operación tan solo porque el tema de la seguridad era “un elemento sostenido a lo largo de la campaña política del jefe de gobierno”.
Por lo pronto, la estrategia macrista es clara: que se acelere la causa penal y el pedido de declaración contra Macri para de esta forma cerrar pronto el juicio por las escuchas antes de que lleguen las elecciones de 2011 (Macri se halla plenamente confiado en que se corroborará su inocencia, además de no existir aun pruebas contundentes de su participación en el asunto). Por otro lado, buscará acelerar la investigación que llevará a cabo la legislatura de la ciudad para de esta forma evitar un desgaste dentro del PRO (el partido de Macri) y garantizar el rechazo a un futuro pedido de remisión del cargo al jefe de gobierno porteño, ya que de los 20 votos necesarios para rechazar el pedido, el macrismo tiene actualmente 24.
Por: Alejandro Calloni
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