El pasado 30 de marzo, la justicia habilitó al gobierno para que utilice las reservas del Banco Central (BCRA) para el pago de vencimientos de deuda pública en 2010, luego de rechazar el pedido hecho por la oposición en contra de los dos decretos firmados por la Presidenta para tal fin.
Parece ponerse un final a los problemas surgidos hace casi cuatro meses, dejando en evidencia el accionar de las instituciones involucradas en un mismo asunto al poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Esta “crisis” comenzó el mismo 15 de diciembre de 2009 cuando la presidenta Cristina Fernández anunció el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 2010/09) que creaba el “Fondo del Bicentenario” para el pago de la deuda pública en 2010. El dinero (unos $6,569 millones de dólares) saldría de las llamadas reservas de libre disponibilidad del BCRA, que suman unos 18,000 millones, de un total de reservas de $48,000 millones de dólares.
Inmediatamente comenzaron los problemas, la oposición -que ya era mayoría en el Congreso- exigió que el tema pasara por el recinto y no por decreto (que no requiere el aval del Legislativo). Presentaron varios recursos ante la justicia, pidiendo el bloqueo del uso de las reservas y la revisión del decreto, quien hace lugar al pedido, congelando el Fondo del Bicentenario. Buscaron también acelerar una sesión en diputados (para entonces de vacaciones).
Por otro lado, Martín Redrado, presidente del BCRA, retrasa la cuestión llevando el caso al análisis del directorio interno del banco, abogados y auditores externos y reuniéndose con la oposición. Ante este escenario, la Presidenta pide y luego firma por decreto la renuncia de Redrado, quien no quiere dejar su cargo y presenta un recurso ante la justicia para no ser desplazado (ya que las normas le permiten no acatar órdenes del ejecutivo pues el BCRA es autárquico y para su desplazamiento, se debe consultar al Congreso). La justicia hace lugar a su pedido, pero ante la presión de banqueros y el gobierno, decide renunciar. Para entonces, por orden judicial, el uso de las reservas sigue frenado y el gobierno amenaza que las usará a pesar de lo que diga la justicia, aumentando la tensión del asunto.
El primero de marzo ante el Congreso, la Presidenta denuncia una “judicialización de la política” y anuncia la derogación del decreto del Fondo del Bicentenario y en su lugar, crea otros dos por la misma cantidad de dinero que el anterior para el pago de deuda con fondos del BCRA, nombrando a una comisión bicameral para el seguimiento del mismo. Los problemas vuelven a surgir, la oposición denuncia la maniobra del gobierno con órdenes judiciales y exige bloquear el uso de los $6,569 millones de dólares de las reservas del BCRA. Logra la mayoría en la Comisión Bicameral y rechaza ambos decretos, haciendo lo mismo en la comisión de hacienda de diputados. El oficialismo denuncia a la bicameral por su conformación irregular, la justicia hace lugar al pedido y la bicameral se anula.
Finalmente, y en medio del anuncio del ministro de economía Amado Boudou, de un canje de deuda pública con bonistas privados, la Justicia rechaza los pedidos de la oposición y habilita al gobierno para utilizar las reservas.
Desde ya, no es la primera vez que se utilizan reservas para el pago de deuda. En 2005, el ex presidente Néstor Kirchner canceló toda la deuda al Fondo Monetario Internacional (FMI), un total de $9,810 millones de dólares. En ese momento, las reservas del BCRA sumaban $27,000 millones de dólares (apenas poco más de la mitad de lo que suman hoy). La mayor acusación de la oposición es que el gobierno no respeta la independencia que el BCRA tiene de escoger aceptar o no los pedidos del tesoro nacional, (aunque el directorio del Banco sí acepta el uso de esos fondos). Por otro lado, está en contra que tales fondos se usen por decreto, pues deberían pasar por el Congreso. Cabe aclarar que la constitución permite las disposiciones por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y que el Congreso pueda posteriormente tratarlos, sin poder bloquearlos antes. Es la primera vez en la historia desde 1994 (cuando se comenzaron a implementar los decretos) que a un gobierno le bloquean un DNU.
La cuestión ahora es, ¿qué hará el Congreso? La oposición ya adelantó que no apelará la medida pero que sí se reunirá en Diputados el 7 de abril con el fin de rechazar los decretos. El problema es que para cuando lo hagan, el gobierno ya habrá utilizado dos días antes los primeros adelantos de esas reservas, o sea, el debate será en parte abstracto.
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