En estos días, en el Congreso Nacional (tanto en el Senado como en Diputados) se está discutiendo una nueva ley que lleve a la jubilación al 82 por ciento móvil (sobre el porcentaje del sueldo mínimo) como parte de un conjunto de leyes como la quita de poderes extraordinarios y la reforma del Consejo de la Magistratura que la oposición (especialmente el peronismo no Kirchnerista, la Coalición Cívica, el radicalismo y el GEN) está llevando adelante en detrimento de los planes del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
En ese marco, esta semana la Comisión de Previsión y Seguridad Social de Diputados, aprobó por mayoría un dictamen que impone ese porcentaje de forma que el haber mínimo hoy en 895 pesos, pasaría a 1.230 pesos mensuales, que se ajustarán progresivamente de acuerdo al aumento del salario mínimo ajustado a inflación, ya que se plantea también modificar el régimen de movilidad de los haberes jubilatorios.
Este hecho generó un nuevo enfrentamiento entre el oficialismo y la oposición: mientras el primero argumenta que no existirían los fondos para pagar ese ajuste (sostenido públicamente por el ex presidente Néstor Kirchner y el ministro de economía Amado Boudou), los segundos acusan al gobierno de no querer tomar la decisión política de llevar adelante el aumento (que significa una clara mejora en los ingresos de la mayoría de los jubilados), pues los fondos de los que dispone ANSES (el organismo encargado del pago de pensiones y jubilaciones) son más que suficientes.
Los últimos datos de la ANSES marcan que hay 5.897.000 jubilados y pensionados de los cuales 4.213.000 cobran el haber mínimo que hoy es de 895 pesos. Además, hay otros 803.000 que cobran menos de 1.230 pesos. Así, de aumentar la mínima al 82 por ciento del sueldo mínimo, un poco más de 5 millones de jubilados y pensionados cobrarían hasta 335 pesos de aumento por mes.
Con respecto a la disponibilidad de fondos para el pago de un posible 82 por ciento móvil, hay varios puntos a considerar. El primero de ellos es si ANSES posee los fondos necesarios. Teniendo en cuenta que el superávit anual de ANSES supera los 54 millones de pesos, no sólo estarían dadas las condiciones para aplicar el aumento, sino también para seguir manteniendo un balance positivo, al menos, en apariencia.
También, hay que considerar que los fondos de ANSES no permanecen encerrados en un banco, estos son utilizados por el tesoro nacional para solventar distintos gastos del Estado (como pago de deuda, fondos a provincias, obras públicas y recientemente, el plan de notebooks para alumnos y docentes del país), por lo que la transferencia de fondos de la ANSES a las jubilaciones achicaría la caja disponible para el gobierno, tema delicado en un año de cercanos vencimientos de deuda y renegociaciones de las mismas, lo que crea la necesidad de dinero fresco.
Además, según informó el ministro de economía, Amado Boudou, la cantidad de fondos requeridos para cubrir el 82 por ciento provocaría en el corto plano un déficit fiscal del orden del 3 por ciento, ya que para el gobierno no existirían los fondos suficientes según afirmó Boudou en clara alusión a la oposición: “Esta situación nos obliga a hacer un planteo técnico serio y responsable para analizar esta cuestión que se está debatiendo con ligereza y liviandad. Se debate con mucha ligereza, con el afán de ganar una tapa de diario”.
Por su parte, el senador nacional de la UCR, Gerardo Morales, remarcó que el gobierno utiliza de la ANSES 10.000 millones de pesos para la asignación universal por hijo; 9.000 millones de pesos que establece una transferencia al tesoro aprobada en el presupuesto y 3.500 millones de pesos que son destinados al programa de computadoras para los colegios secundarios. “Nosotros decimos que estos tres conceptos, que suman un total de 22.500 millones de pesos, pueden y deben ser atendidos por el tesoro que este año va a tener un superávit de 50.000 millones de pesos y que va a recibir 23.500 millones de pesos de utilidades del Banco Central y cerca de 20.000 millones de pesos de las reservas, es decir, un total de más de 90.000 millones de pesos que no están previstos en el presupuesto”.
De todos modos, el proyecto debe sortear otro paso antes de ingresar al recinto para ser tratado: el visto bueno de la Comisión de Presupuesto, controlada por el oficialismo, que viene negándose a reunirse para tratar la iniciativa. La oposición advirtió que presionarán para que la comisión se reúna y aclaran que el reglamento establece que si pasan 30 días y no hay reunión, automáticamente quedaría firme el dictamen de previsión y con eso sería suficiente para que el proyecto pueda llegar al recinto.
Por: Alejandro Calloni
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